El derecho al Aborto legal. Uno de los principales reclamos del movimiento de mujeres en Argentina. Hace pocos días, la organización internacional Human Rights Watch presentó un informe en el que insta al presidente argentino Alberto Fernández a presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo de manera urgente.

En el artículo de Cytotec Panamá se informará sobre la situación actual en el tema del Aborto en Argentina. Pese a que el Gobierno argentino se comprometió a enviar el proyecto de Aborto legal al Congreso, este todavía permanece sin ver la luz en un contexto de pandemia que está profundizando y fortaleciendo las barreras de acceso a la práctica.

 

Aborto legal: ¿Promesa vacía del Gobierno argentino?

El documento, titulado «Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al Aborto legal en Argentina», realiza un análisis de las consecuencias del rechazo del Senado al proyecto de ley de 2018 y concluye que el aporto por «causales», previsto en el artículo 86 del Código Penal, no está funcionando en la Argentina.

Asimismo, el documento incluye una serie de consejos para los distintos poderes del Estado, el cual incluye desde el presidente argentino hasta los gobiernos municipales, el Congreso y los sistemas judiciales. La primera, dirigida al primer mandatario argentino, expresa: «Enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional que despenalice el aborto en todos los casos y que sea regulado de forma tal que se respete la autonomía de las personas gestantes».

 

Contexto argentino en debate del Aborto legal

El informe de Human Rights Watch se ha publicado en un escenario en el que el Poder Ejecutivo «mantiene» su compromiso público y privado a enviar un proyecto de Aborto legal a Congreso Nacional argentino –anunciado por Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias-. Sin embargo, la efectivización de este proyecto esencial para asegurar la salud sexual y reproductiva de las mujeres no ha determinado fecha.

Los argumentos para retener el fundamental proyecto están relacionados con el estrés del sistema de salud en plena pandemia por el COVID-19, con la imposibilidad de iniciar el debate en sesiones presenciales y con la falta de movilización callejera, también producto del aislamiento social obligatorio.

En relación con el anterior argumento, Tamara Taraciuk, de Human Right Watch y una de las autoras del informe, sostiene: «Quienes argumentan que legalizar el Aborto abrumaría el sistema de salud, que se encuentra estresado por la pandemia por el coronavirus, pierden de vista que, en la práctica, no son los abortos los que generan presión en el sistema de salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el Aborto médico que no requiere hospitalización, siempre y cuando el paciente no registre complicaciones. Por el contrario, son las complicaciones médicas por abortos clandestinos, muchas veces inseguros, las que generan complicaciones médicas y riesgo de vida y, por ello, una mayor presión en el sistema de salud.

En ese sentido, nuestro informe señala que, en 2016, casi 40 mil mujeres fueron admitidas en hospitales públicos por una complicación relacionada con un Aborto. Es decir que, la legalización del Aborto en realidad disminuiría la necesidad de acudir a los centros de salud por complicaciones derivadas del Aborto. Y sería una forma de contribuir a alivianar esta carga en el sistema de salud».

 

Aborto legal: Realidades que brindan la base consistente al proyecto

Para la investigación, Human Rigths Watch entrevistó a mujeres, profesionales de la salud, activistas y abogadas que coincidieron en que el temor a las consecuencias legales. – Incluyendo la persecución penal y la estigmatización- hace que las personas gestantes no soliciten abortos y que profesionales de salud no brinden este servicio. Incluso cunado de cumplen con todos los requisitos establecidos en el artículo 86. Asimismo, en las entrevistas se revelaron comportamientos de crueldad y actos de humillación por parte de médicos y médicas. Denegación del acceso o negativa a brindar servicios, además de la violación de la confidencialidad.

En concordancia con Taraciuk, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Organización de los Derechos Humanos, advierte. «La pandemia de COVID-19 y el confinamiento impuesto para evitar su propagación han exacerbado las restricciones al acceso a los servicios de salud reproductiva. Ante este escenario, legalizar el Aborto es más urgente que nunca».

 

Conclusiones

En la sociedad civil, si bien existe un acuerdo en que la movilización callejera es primordial. Empieza a ponerse en cuestión no tanto el argumento sobre el timing político. Con el que las organizaciones en general coinciden. Sino las explicaciones vinculados con lo sanitario que justificaría la postergación.

Se acepta que la situación en el Congreso argentino es complicada en términos de acuerdos. Pero el Aborto legal no está incluido en las negociaciones más difíciles de hoy. La apuesta del Ejecutivo a tratar el proyecto de este año debería comenzar a pensar en los marcos impuestos por la vigente pandemia. Si se consideran los pronósticos sobre el lejano regreso a la «normalidad». Su aplazamiento a 2021 está entre las posibilidades. Aunque es de conocimiento público que – en años electorales- los acuerdos son todavía más difíciles. Cytotec Panamá únicamente desea enfatizar que, mientras se extiendan más los plazos. La pandemia por COVID-19 sigue profundizando la desigualdad y tanto las muertes como los obstáculos se multiplican para quienes necesitan acceder a un Aborto.

 

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